ASOCIACION ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE ASUNTOS SOCIALES

Carta remitida a los Candidatos a la Presidencia del Gobierno

 

Nos congratula el interés que su Partido expresa en sus declaraciones y documentos respecto a los temas sociales. Sin embargo constatamos que en algunos de los documentos publicados con motivo de las próximas elecciones, y en su propia página Web, no reflejan con nitidez un aspecto tan relevante como es lo relativo a los Servicios Sociales que constituyen, junto a Sanidad, Educación y Garantía de Rentas (pensiones y subsidios) uno de los cuatro pilares del Bienestar Social en nuestro país.

 

Es frecuente identificar genéricamente Servicios Sociales con cualquier servicio de carácter social (incluida la sanidad o la educación) o reducirlos a aquellos que se ocupan de atender a personas y grupos con situaciones de marginación, algo propio de un pasado benéfico o asistencial, pero incompatible con un Estado Social de Derecho como el que proclama nuestra Constitución.

 

También es frecuente identificar Servicios Sociales con Dependencia. La atención a las personas en situación de dependencia es, sin duda, uno de los principales contenidos del Sistema Público de Servicios Sociales, tal y como la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece en su artículo 14.2: …se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas.

 

Pero los Servicios Sociales son mucho más, como lo atestiguan los 8 millones de personas que los utilizan anualmente (según datos del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, en la Memoria del Plan Concertado del año 2008). Y los más de 400.000 trabajadores del sector. Por cierto, un sector que, en un momento de tanta destrucción de empleo, está creciendo a un ritmo próximo a los 130.000 empleos/año de forma descentralizada y deslocalizable, en centros de servicios sociales, ayuda a domicilio, centros de día, centros residenciales, servicios de protección y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, a menores, a personas con discapacidad, a personas mayores, a personas sin hogar… Un Sistema, el de los Servicios Sociales, con una red de atención básica o primaria con más de 4.000 Unidades de Trabajo Social en todos los pueblos y barrios, puesta en marcha y sostenida por las entidades locales, con el apoyo de sus Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad.

 

Un Sistema contemplado específicamente en 4 Estatutos de Autonomía en sus nuevas redacciones (Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha…) y que reconoce derechos subjetivos en Leyes de Servicios Sociales recientemente aprobadas en 10 Comunidades Autónomas, y en los correspondientes Catálogos de Prestaciones y Servicios ya publicados en 6 de ellas.

 

Esa es la identidad y la implantación del cuarto Pilar del Bienestar Social en España: los Servicios Sociales. Un Sistema Público garante de derechos ciudadanos para la autonomía personal, para la convivencia familiar y para la cohesión social. Algo tan importante en un momento como el actual, en el que no sólo es necesario garantizar protección a tantas personas y familias, sino en el que hay que movilizar todas las capacidades individuales y colectivas, y para evitar que se generen bolsas de exclusión que serían un lastre para cualquier desarrollo, incluido el económico.

 

Quedamos a su disposición para cuanto pueda ayudar a que su Partido haga referencia al Sistema de Servicios Sociales de forma adecuada, como una política de Estado fundamental, y para que la ciudadanía pueda conocer mejor sus alternativas y propuestas en relación con el mismo.

 

Atentamente

 

 José Manuel Ramírez Navarro

Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

directoressociales@hotmail.com


El Observatorio Social de la Dependencia exige transparencia al Gobierno regional

15.11.2011 08:38

Es una de las conclusiones a las que llega este Observatorio, tras valorar los resultados del Informe elaborado por el Ministerio de Sanidad y Política Social sobre los cuatro años de desarrollo de la Ley en el Estado español y que señala a Madrid como una de las regiones con un menor y preocupante grado de implantación

De opaca ha tachado la gestión de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre, el Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid. Este Observatorio, formado por CCOO, UGT, CECU y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, considera que la evaluación realizada por el Ministerio viene a ratificar la denuncia que dicho Observatorio viene realizando de forma reiterada. Uno de los ejemplos es el tratamiento de la financiación del sistema de atención a la dependencia. Según el informe, el Estado viene a financiar en torno al 54% en la mayoría de las regiones, excepto en Valencia, Canarias y Madrid en las que las que su aportación llega al 70%. Viene a coincidir, además, que estas comunidades son las menos cumplidoras en el desarrollo de la Ley.

 

Esto supone que la Comunidad de Madrid está financiando sólo el 26%, en contra de lo que el Gobierno regional viene manifestando sin aportar datos concretos. Tal y como ocurre con el cómputo de listas de espera quirúrgicas, el Gobierno regional realiza los cálculos en virtud de sus intereses y desatendiendo el criterio general y aplicable al conjunto de las Comunidades Autónomas. Concretamente y para incrementar el dato de financiación regional, se consideran como gasto de Dependencia todo el que se venía realizando incluso antes de la entrada en vigor de la Ley. Mientras el Ministerio no computa los gastos ya consolidados con mecanismos de financiación preexistentes.

 

En todo caso, el Observatorio manifiesta que la ausencia de espacios de participación en la Comunidad de Madrid que permitan el seguimiento social del desarrollo de la Ley, es una estrategia bien calculada del Gobierno regional para enmascarar su gestión.

 

Así mismo, señala que la deriva que desde el inicio tomó la Ley de Dependencia en la región ha desembocado en situaciones de desprotección intolerables. Se incrementa la lista de espera, es decir, personas que teniendo derecho a recibir atención, no la reciben. En concreto, más del 17% de las personas dependientes aún no reciben las prestaciones y servicios que por derecho les corresponden. Suponen, 15.936 personas en el mes de noviembre, 734 más que el mes pasado. En el último mes, mientras las solicitudes crecieron un 2,90%, el porcentaje de personas no atendidas creció el doble, un 4,83%.

 

Otro aspecto muy preocupante para el Observatorio es el uso partidista que se pueda estar realizando de la Ley por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre. El número de personas beneficiarias atendidas en residencias creció hasta las 22.725 hasta abril de este año. A partir de la celebración de las elecciones autonómicas, las personas dependientes atendidas bajo esta fórmula han ido cayendo hasta pasar a 20.098 a 1 de noviembre, es decir, 2.627 personas menos atendidas en residencias.

 

Para el Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, tras cuatro años de entrada en vigor de la Ley y atendiendo a los datos oficiales publicados por el Ministerio comunes para todas las comunidades autónomas, la situación de Madrid es altamente preocupante. Una situación que se puede ver agudizada, en opinión del Observatorio, si la Comunidad de Madrid sigue profundizando en este modelo opaco y en sus políticas de recortes sociales. En este sentido, se va a solicitar una reunión con el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, con el fin de trasladar el análisis del Observatorio y reclamar un posicionamiento claro del Gobierno en relación con el futuro de la atención a la dependencia en la región.

 

Por último, el Observatorio informa que ha participado en la constitución de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia recientemente constituida. Para el Observatorio madrileño es imprescindible reforzar lazos entre la sociedad vertebrada, para garantizar el ejercicio efectivo de nuestros derechos, especialmente en riesgo, en un contexto con el actual.

 

MANIFESTACION EN TOLEDO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE CLM (12/11/2011)

"Hay muchas familias y hogares que llevan tiempo sin cobrar"

dclm.es/EP - 12-11-2011

Así lo han asegurado momentos antes del inicio de la manifestación la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmen López, y la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, quienes han señalado que con esta manifestación se reivindica que "haya muchas familias y hogares que llevan tiempo sin cobrar".

"Reivindicamos los salarios para estas personas, que se tomen ya medidas, porque hay casos en los que se llevan 12 meses sin cobrar, y el compromiso de que los servicios sociales van a continuar para que lo que se ha tardado 30 años en conquistar, en poco tiempo no desparezca", han argumentado.

En cuanto a las estimaciones de lo que podría deber la Junta a estos colectivos, ambas sindicalistas no han podido ofrecer una cifra concreta porque se trata de "una situación muy difícil de contabilizar", han señalado, "al tratarse de situaciones muy dispares".

No obstante, han apuntado que se trata de asociaciones y ayuntamientos o corporaciones locales que no reciben la asignación de la Junta de Castilla-La Mancha y que, al ser tan pequeñas, tienen que mancomunarse o unirse para prestar servicios sociales a personas en situación de desprotección.

CRÍTICAS DEL GOBIERNO REGIONAL

Respecto a las críticas lanzadas desde el Gobierno regional señalado que echa de menos que estas protestas no se produjeran con el anterior Ejecutivo, ambas sindicalistas han dicho que CCOO y UGT "siempre han salido" a la calle y que el 8 de junio del 2010 se manifestaron por los recortes salariales y sociales.

"No es una cosa nueva", han señalado, para aclarar se han puesto en contacto con los diferentes representantes de la Junta para explicar la situación y que se han hecho manifestaciones y caceroladas con anterioridad al día de hoy para explicarla.

"No es de recibo que ahora se cuestiones cuándo tenemos o cuándo no tenemos que hacer nuestro trabajo, y lo vamos a seguir haciendo y seguirá siendo el mismo mañana y pasado mañana, y después del día. No nos vale con que nos tachen de electoralistas", han concluido.

 

La insoportable espera de la ayuda a la dependencia

Más de 300.000 personas con discapacidad, el 30% del millón con derecho a la prestación, aguardan las prestaciones que las autonomías les tendrían que haber dado en los últimos cuatro años

 

DANIEL AYLLÓN Madrid 11/11/2011

Dos años después de solicitar la ayuda que le reconoce la Ley de Dependencia, Ramona Rasilla, de 68 años y con una discapacidad del 80%, sigue esperando postrada en su silla de ruedas y atendida únicamente por su marido, Juan Francisco Murillo.

El hombre tiene 75 años, pero saca fuerzas para conducir a su esposa por el estrecho pasillo de su piso y las pocas habitaciones a las que se puede acceder con la silla. Ramona forma parte del grupo de grandes dependientes en el que la Ley de Dependencia clasifica los casos más críticos. Las otras dos categorías son la severa y la moderada.

La dependencia ha sido considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Sin embargo, está teniendo problemas para llegar a toda la población. En total, en España hay 1.048.424 dependientes con una ayuda reconocida, pero el 30% de ellos (305.969) aún no la recibe. Se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia".

La exigua ayuda que recibe Ramona de la Administración es la visita semanal de una hora y media de una asistenta, que limpia la cocina y el cuarto de baño. "Antes venía dos horas, pero nos lo han recortado", explica la pareja, que reside en el extrarradio de Madrid desde hace más de 30 años.

Pero más allá de la limpieza del hogar, Ramona requiere ayuda para asearse, cocinar e, incluso, levantarse de la cama. La familia terminó por comprar una grúa que Juan Francisco maneja en el dormitorio para que la mujer se pueda incorporar.

Ramona solicitó una ayuda el 3 de julio de 2009. Hace cuatro meses, cansada de esperar y de ver cómo su esposo cargaba con las tareas, denunció su situación a la Comunidad de Madrid. La Administración se dio por aludida y, apenas tres días después, un técnico se presentó en su domicilio y le certificó una discapacidad del 80%. Le ofrecieron una hora diaria de ayuda a domicilio, pero Ramona la rechazó por "insuficiente".

La Ley de Dependencia define los derechos de las personas como Ramona. Su Grado 3 y Nivel 1 significa que necesita ayuda para realizar "actividades básicas de la vida diaria varias veces al día". Necesita apoyo "indispensable y continuo". El Gobierno determinó que este grupo prioritario debería de haber empezado a recibir las ayudas el primer año de aplicación: 2007.

La implicación de las comunidades autónomas (las responsables de coordinar el reparto de fondos que aportan el Ministerio y las propias autonomías) es desigual, pero se trata de un "problema nacional", denuncia la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. El sindicato señala a dos comunidades como las que menos esfuerzos han hecho por desarrollar la Ley de Dependencia: Comunidad de Madrid y País Valencià.

Además, Fontecha recuerda que la ley no sólo apuesta por dar ayudas económicas a las familias (las que más se están concediendo), sino también la prestación de servicios, que promueve la creación de centros de día, residencias que a su vez generarían empleo, otro de los objetivos de la ley.

Barreras urbanas

A sus 68 años, Ramona no puede practicar sus dos grandes pasiones, la lectura y los viajes: además de la lesión medular por la que necesita una silla de ruedas desde 1996, tiene problemas de vista derivados de una trombosis. Últimamente, ha tenido caídas al salir del coche o al bajar bordillos no adaptados. La última fue hace dos semanas: se partió el tobillo y el peroné derechos, que todavía tiene inmobilizados.

A falta de ayudas públicas, la mujer ha encontrado apoyo en colectivos como la Plataforma por la Ley de Dependencia en Alcorcón. "No puedes recurrir siempre a tus hijos, porque ellos [tiene dos hijos y una hija] tienen sus vidas y no son esclavos. Eso no va conmigo", asegura.

A pesar de su situación, Ramona denuncia que hay gente que se encuentra en peor situación que ella: los chicos con Duchenne (una enfermedad rara), por ejemplo. "Generalmente no llegan a andar, tienen que usar silla de ruedas y algunos no viven muchos años", explica. "Ellos no pueden seguir esperando las ayudas a la dependencia", agrega.

Las quejas de Ramona también tuvieron su fruto cuando solicitó una plaza de aparcamiento en su calle. Se extrañó de que el Ayuntamiento colocase la placa de aparcamiento a 50 metros de su portal y reclamó: "Para llegar, tenía que subir y bajar dos bordillos no adaptados", explica. Tras su insistencia, el Ayuntamiento rectificó y acercó la plaza reservada.

Las barreras de movilidad, cuartos de baño para discapacitados mal adaptados (cuando los hay) o esperas de hasta cinco horas para desplazamientos desde el hospital son constantes: "Madrid no está adaptado. Quiero ver al alcalde ¡una sola hora! moviéndose en silla de ruedas por la ciudad".

 

ENTREVISTA EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (a nivel nacional)

Mañana, día 10 de noviembre a partir de las 12:00 horas, entrevista en Radio Nacional de España a: Enrique Rivas (Portavoz de la Plataforma en CLM), Baldomero Molina (miembro de la Plataforma en CLM) y Estrella Rey (miembro de la Plataforma en CLM).  

PUBLICADO EN EL PERIODICO ABC

Rodríguez-Piñero promete aplicar la Ley de Dependencia de forma "efectiva"


Valencia, 8 nov (EFE).- La cabeza de lista al Congreso del PSOE por Valencia, Inmaculada Rodríguez-Piñero, se ha comprometido hoy a trabajar por la aplicación "efectiva" de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.

Según un comunicado de la formación, la candidata socialista ha suscrito un documento junto a los representantes de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) cuyo primer punto es "asegurar la atención a las personas en situación de dependencia con carácter prioritario".

Rodríguez-Piñero ha denunciado la "discriminación" que supone "una mala aplicación de la ley en la Comunitat por parte del gobierno del PP, desaprovechando las posibilidades que el Estado pone a su alcance".

Tras poner por escrito su compromiso, ha asegurado que hoy se ha dado "un paso más" para ayudar a que la Ley de Autonomía Personal y de apoyo a las personas dependientes "se pueda aplicar con todos los medios y en las mejores condiciones también en la Comunitat".

Con la firma, ha manifestado la candidata socialista, su partido se compromete desde el Congreso y el Senado a "trabajar para que la aplicación de la ley sea efectiva y se ponga fin a la discriminación de las personas con falta de autonomía personal".

A este respecto, ha criticado que en la Comunitat la ley se esté aplicando "con retraso, sin aprovechar todas las posibilidades y sin la implicación que una comunidad autónoma puede y debe asumir en el marco de sus competencias".

En representación de la Plataforma, el documento ha sido firmado por su portavoz en Valencia, Palmira Castellano, quien ha denunciado que los valencianos "siguen estando los penúltimos por la cola, con una gran diferencia con lo que sucede en otras comunidades". EFE

 

EUPV-Els Verds firma un contrato para defender las reivindicaciones sobre la Ley de Dependencia

El cabeza de lista de EUPV-Els Verds al Congreso por Valencia, Ricardo Sixto, se ha reunido este lunes con miembros de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, con quienes ha compartido la "preocupación" por la situación que pasan las persones dependientes y sus familiares y ha firmado un contrato para defender las reivindicaciones de estos colectivos, según ha informado la coalición en un comunicado.

 

"La aplicación de esta ley es absolutamente vital y no está dándose, más bien al contrario, porque en el caso valenciano, por ejemplo, se ha boicoteado la normativa claramente", ha lamentado Sixto, quien ha destacado que "esto significa que están vulnerándose los derechos de las personas a recibir las ayudas y la asistencia".

 

Ricardo Sixto ha señalado que las reivindicaciones de este colectivo, incluidas en el decálogo que ha firmado, "están incluidas en nuestro programa". "Tanto el Gobierno del Estado como los de las comunidades autónomas gobernadas por el PP están recortando abruptamente las inversiones necesarias para aplicar íntegramente la Ley de la Dependencia", ha criticado.

 

Al respecto, ha indicado que en la Comunitat Valenciana existen ejemplos "hasta la saciedad, desde las persones dependientes que mueren sin haber recibido las ayudas correspondientes, hasta los trabajadores de los centros que no cobran, o algunos de estos centros que están acabados y todavía no están puestos en funcionamiento".

 

El candidato de EUPV ha señalado que se tienen que reubicar las políticas sociales en materia de dependencia al frente de las prioridades de las administraciones. "PP y PSOE se pasan la pelota sobre a quien corresponde subvencionar la aplicación íntegra de la Dependencia, y lo que hacen es dejar la ley sin efecto", ha apostillado.

 

El programa de EUPV-Els Verds incluye, según Sixto, medidas de aplicación de la ley como que toda persona dependiente pueda elegir ser atendida en su domicilio por especialistas o en un centro y que el tiempo de espera no supere los seis meses. Según ha explicado, "queremos evitar la aplicación perversa que está haciéndose de la ley, que promueve la feminización de los cuidados mediante la prestación a la cuidadora".

 

A su juicio, "la crisis no puede descargarse sobre los servicios sociales, éstos tienen que estar exentos de cualquier recorte". "Queremos promover una ley de servicios sociales estatal que conciba los servicios sociales como un derecho instituido", ha recalcado el dirigente de EUPV-Els Verds.

 

Plataformas por la Ley de Dependencia denuncian el impago de las prestaciones

Trece colectivos se reunieron ayer para poner en común la necesidad de seguir reforzando la unión y solucionar los principales problemas

 

NURIA SOLER

Los retrasos en los pagos de las prestaciones de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, sumados a los intentos de paralizar la aplicación, a la grave situación económica y a los problemas de retroactividad de las prestaciones para las personas dependientes, está dando lugar a situaciones insostenibles para los afectados, familiares, cuidadores y profesionales implicados en el desarrollo de la ley. En un intento por solucionar estos problemas, la Coordinadora de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana se reunión ayer en Aspe.

La agrupación denunció la existencia de más de 32.000 personas que teniendo derecho a prestaciones y servicios, todavía no disfrutan de sus derechos. El colectivo recordó el goteo incesante de personas dependientes que fallecen sin que les llegue su resolución final, que se ha visto aumentado en más de 16.000, así como los retrasos en el reconocimiento de estos derechos a los Dependientes Moderados que tenían que estar disfrutándolos desde enero de 2011.

La Plataforma formada por 13 agrupaciones recordó la necesidad de seguir reforzando la coordinación para poder hacer frente a los retos que la grave situación económica está planteando al sector de la Dependencia en la Comunidad Valenciana. Una situación vivida también en otras comunidades autónomas y por este motivo, la congregación de plataformas ha creado la Coordinadora Estatal de Plataformas, integrada por el Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Plataformas de Castilla-La Mancha, de Alcorcón, de Jerez-Cádiz, de Torrejón de Ardoz, de Madrid y las Plataformas de la Comunidad Valenciana, pioneras de este movimiento social en defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia.

La agrupación acordó también trabajar coordinadamente y por provincias en la Comunidad Valenciana, mediante grupos de prensa, con asesoramiento jurídico y realizando actividades sociales, lo que permitirá adherirse a la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales asumiendo con ello sus objetivos y denunciando el retroceso de las conquistas sociales en España.

 

Aniversario

Con motivo del 5º Aniversario de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personas y Atención de las Personas en situación de Dependencia aprobada el 14 de diciembre de 2006, en todas las comarcas de la Comunidad Valenciana, la Coordinadora de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia celebrará la importancia de esta ley que reconoce derechos básicos de las personas dependientes. Asimismo, la agrupación denunciará la falta de voluntad política en su aplicación por parte del Gobierno valenciano que "ha supuesto durante estos años un secuestro de los derechos de las personas que son dependientes".

 

Cerca de 16.000 personas fallecen sin recibir la prestación

Con motivo del 5º Aniversario de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personas y Atención de las Personas en situación de Dependencia aprobada el 14 de diciembre de 2006, en todas las comarcas de la Comunidad Valenciana, la plataforma celebrará la importancia de esta ley que reconoce derechos básicos de las personas dependientes. La agrupación denunciará la falta de voluntad política en su aplicación por parte del Gobierno valenciano, recordando la existencia de más de 32.000 personas que teniendo derecho a prestaciones y servicios todavía no disfrutan de sus derechos, así como el goteo incesante de personas dependientes que fallecen sin que les llegue su resolución final alcanza a más de 16.000 personas y los retrasos en el reconocimiento de los derechos.

 

MANIFESTACION EN ZOCODOVER (TOLEDO)

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MANIFIESTO SERVICIOS SOCIALES DE TOLEDO
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La patronal de la dependencia anuncia cierres "en días" por la deuda de las Administraciones

El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha anunciado hoy "cierres por quiebra" que empezarán "en días" en un sector que vive una situación "insostenible" por las deudas de las administraciones públicas. "La situación ha llegado al límite", ha asegurado Echevarría ante enfermos, familiares y trabajadores durante un paro convocado al mediodía en el centro de Velluters de Valencia, donde se atiende a más de 80 residentes.

 

El paro se incluye en la campaña de concentraciones que se realizará todos los jueves convocada por la FED, que representa el 85% de las residencias privadas en España, que atienden a un millón de dependientes. La deuda de las administraciones públicas asciende a 1.268 millones de euros y los retrasos en los pagos superan el año en el caso de discapacitados mentales, físicos y psíquicos, mientras que la deuda de los ayuntamientos supera los 900 millones, con una media de retraso de seis meses, según los datos ofrecidos por la FED.

 

En el caso de la Comunidad Valenciana, la deuda asciende a 75 millones de euros y los afectados son 25.000 personas dependientes.

 

Muy pocas administraciones autonómicas han previsto planes de pagos al sector, según Echevarría, que ha concretado que Castilla-La Mancha ya ha comunicado que no puede pagar hasta principios de año y en la Comunidad Valenciana se están negociando líneas de "confirming", que consiste en cobrar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento. Según ha explicado, que sean "ellos" -la Administración valenciana- los propios avalistas de estas líneas para que las empresas puedan solicitar préstamos con la garantía de la Generalitat.

 

El problema es "una pescadilla que se muerde la cola" porque la deuda de la Administración a las empresas hace que estas no puedan pagar a los proveedores, sin posibilidad de más endeudamiento. Echevarría ha agradecido a los trabajadores que continúen con su labor "incluso cuando la deuda de la Administración les impide cobrar la nómina". Ha indicado también que ya se están dejando de pagar nóminas a los trabajadores de los centros de asistencia, y ha indicado que a partir de ahora tendrán que hacer partícipes del problema a los usuarios y familiares.

 

La hija de un dependiente con demencia senil, residente en el centro de La Cañada (Valencia), María Carmen Mocholí, presente en el paro, ha asegurado que en su caso no sería viable poder asumir los gastos de la atención porque sus padres perciben la pensión mínima. Mocholí ha lamentado que no se haya comunicado antes a las familias la delicada situación económica de los centros.

 

Soluciones para las personas con discapacidad

JOSÉ LUIS PAZ Durante el siglo XX se decía que una persona tenía una discapacidad en función del deterioro que tenía respecto a otro individuo. Siempre era una definición negativa sobre la persona y sus cualidades físicas, sensoriales o de capacidad intelectual. En definitiva, eran tiempos donde las personas con alguna discapacidad tenían muy complicada su integración socio-laboral. Eran muy pocas las empresas o entidades que afrontaban ese reto como algo normalizado.

El esfuerzo de instituciones, ONGs y entidades ha hecho que la Organización de Naciones Unidas, en 2006, acordase la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en donde se recogieron los derechos de las personas con discapacidad. Comienza, desde mi punto de vista, un nuevo concepto sobre la discapacidad mucho más enraizado en los derechos humanos, y que va a posibilitar una integración de estas personas en la sociedad.

En nuestro país, según la última Macro Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 3,8 millones de personas con discapacidad, lo que supone el 8,5% de la población. De las cuales, 608.000 personas con discapacidad viven solas en su hogar. Dichos datos reflejan, también, que más de un millón de personas afirman no recibir ningún tipo de ayuda para realizar las actividades para las que tienen discapacidad (el 26,6% del colectivo).

En la Comunidad Valenciana, siguiendo con la encuesta del INE, hay cerca de 453.000 personas declaradas discapacitadas.

Me gustaría pensar que en la actual crisis económica que vivimos, donde hay un alto desempleo y cuando las expectativas de invertir la tendencia de paro todavía son lejanas, sigue habiendo emprendedores dispuestos a contratar personas que además de estar en paro o en búsqueda de su primer empleo tienen una discapacidad física, psíquica o intelectual.

Basta ya de cinismos y pongamos todo lo necesario para que esas personas con discapacidad sean personas con todos los derechos en nuestra sociedad. Pensemos que en uno de cada cinco hogares españoles hay una persona con discapacidad (en mi familia hay un miembro con discapacidad psíquica).

Dentro de pocas semanas, el próximo 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y es un buen momento para que, de verdad, los gobiernos (también el de la Comunidad Valenciana o el Ayuntamiento de nuestra ciudad) trabajen por tener servicios públicos de calidad para los que más lo necesitan. La alcaldesa de Alicante, doña Sonia Castedo, debería trabajar, de manera activa, por la eliminación de aquellas barreras arquitectónicas, que las hay en nuestra ciudad, y que perjudican la calidad de vida de aquellos con discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. Ahora que vamos a ir a las urnas a votar, el próximo 20-N, se necesita un compromiso político y social por parte de todos los que tienen alguna responsabilidad en esta materia, y sería aconsejable que los candidatos Rubalcaba y Rajoy nos digan qué van a hacer por este colectivo de ciudadanos y ciudadanas.

El candidato del PP acaba de presentar un programa electoral genérico y con medias verdades. Parece, señor Rajoy, que tiene un programa oculto y no quiere decir la verdad a los españoles y españolas. Significar la paralización que está teniendo la Ley de la Dependencia, y aquí en nuestra Comunidad autónoma cada vez se atiende a menos personas y tenemos 3.467 beneficiarios que todavía están en lista de espera.

Por otro lado, los agentes sociales y económicos también deberían acometer y profundizar en la negociación colectiva para que entre todos se posibilite una integración real de las personas con discapacidad. ¿Se cumple la cuota de reserva en las empresas de más de 50 trabajadores? Hay que hacer cumplir lo acordado y pactado, y si no es así denunciarlo. UGT y CC OO, como sindicatos mayoritarios, deben dedicarse a proteger a los más desfavorecidos como son las personas con discapacidades.

Ese esfuerzo debería de comenzar a realizarse en el ámbito más próximo y cercano que tengamos. No debemos conformarnos con informar y asesorar laboralmente a las personas discapacitadas sino, a lo mejor, las organizaciones y entidades con capacidad de contratación debería empezar por dar ejemplo y contratar a esas personas que necesitan de nuestra ayuda. Trabajar por los más desfavorecidos es trabajar, también, desde la generosidad y la solidaridad.

 

El Gobierno ha pagado el grueso del coste de la dependencia en Canarias, Valencia, Madrid y Galicia

Solo País Vasco, La Rioja y Andalucía han aportado más al gasto nuevo.- Las Administraciones central y regional están obligadas a cofinanciar la ley.- En 2009 y 2010 se han generado 165.000 empleos y se recuperan 20 céntimos de cada euro invertido

CARMEN MORÁN - Madrid - 03/11/2011

El coste total del sistema de la Dependencia alcanzó el año pasado 6.301 millones de euros, lo que representa un 0,64% del PIB, el doble de lo que suponía en 2003. El 95% de ese gasto, es decir, 5.969 millones corresponde a las ayudas destinadas a los beneficiarios, tanto prestaciones económicas como servicios. Del total de ese coste, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha aportado 1.828 millones de euros, un 30,6% y el resto lo habrían puesto las comunidades autónomas (60%) y los ciudadanos mediante el copago (9%), en cifras redondas.

Pero no todo el gasto en la Ley de Dependencia es nuevo. Había prestaciones que ya se venían dando antes de esta ley y de las que ya se ocupaban los presupuestos correspondientes. Muchos ancianos tenían una plaza de geriátrico antes de ponerse en marcha este sistema, por ejemplo. Así que, para tener una idea exacta del coste de la ley hay que excluir ese gasto anterior. Las cifras oficiales del Gobierno en su evaluación global de la ley indican que el gasto nuevo en 2010 se elevó hasta los 3.623 millones de euros, un 60% del gasto total de las prestaciones concedidas. Pues bien, de ese gasto nuevo, el Gobierno ha aportado 1.828 millones de euros y las comunidades 1.538. Los ciudadanos se habrían hecho cargo de 257 millones. Así pues, del coste generado por la ley de dependencia el Gobierno ha aportado la mitad, un 50,4% mientras que las comunidades autónomas se quedan en un 42,4%. Ellas corren con más gastos que el Gobierno, pero no todos son gastos nuevos atribuibles a la ley, sino a prestaciones a ciudadanos que ya tenían atendidos con anterioridad.

Todos estos datos oficiales se presentarán en el Consejo de Ministros el próximo viernes y están pendientes de aprobación por parte de las comunidades en consejo territorial, un trámite formal que no ocurrirá ya por la convocatoria de elecciones generales.

En todo caso, para tener total precisión hay que ir comunidad por comunidad, donde las diferencias son acusadísimas. En algunas, como en Canarias, Valencia, Madrid o Galicia, puede afirmarse que el Gobierno se está haciendo cargo del grueso de la ley de Dependencia porque aporta una proporción del gasto nuevo infinitamente mayor que las comunidades aludidas. En el caso de Canarias el Gobierno ha aportado el 90% del gasto nuevo, el 85% en Valencia, el 74% en Madrid o el 73% en Galicia.

Sin embargo, hay otras comunidades que salen perdiendo en este reparto. Son las que pueden de verdad quejarse de que aportan más de lo que deben, puesto que esta ley debe cofinanciarse. Se trata del País Vasco, La Rioja y Andalucía, que han aportado el 64%, 61% y 54% respectivamente. Son las únicas regiones que aportan más que el Gobierno. Cataluña, Baleares y Navarra estarían casi a la par. Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla y León, Cantabria y Asturias van del 56% al 64% en las aportaciones que reciben del Gobierno.

Pero a medida que avanza la implantación del sistema de la dependencia se observa que el gasto nuevo cada vez es mayor mientras que el consolidado tiende a disminuir. Por lo tanto, si no se equilibran las cuentas, el Gobierno aportará demasiado en unas comunidades mientras que otras sufrirán cada vez más el coste del sistema.

Los aspectos económicos y de financiación de esta ley han de incluir también otras cantidades. Se trata de 331 millones que corresponden a las cuotas de la seguridad social para las cuidadoras familiares, un monto del que se encarga el Gobierno en exclusiva, además de 465 millones por otros conceptos que se recogen en la ley. En 2009 el Gobierno puso en marcha el famoso Plan E para paliar los efectos de la crisis. Pues bien, 140 millones se transfirieron para dependencia por esa vía.

Esta evaluación de la ley, que debía haberse presentado el año pasado, pone de manifiesto el potencial generador de empleo de la dependencia. Solo entre 2009 y 2010 se habrían creado gracias a la ley 165.000 empleos, el 74% relacionados directamente con la atención a las personas con dependencia y el resto empleos indirectos en otros sectores productivos.

Por otro lado, la implantación de la ley está generando jugosos retornos a las arcas públicas. En los dos últimos años mencionados, los ingresos públicos habrían alcanzado 1.272 millones de euros, según los datos oficiales. Los cálculos del Gobierno indican que se habrían recuperado 20 céntimos por cada euro invertido.

 

II Jornadas de deporte adaptado en el medio natural

Los próximos días 11 y 12 de noviembre tendrán lugar en Lekunberri las "II Jornadas de Deporte Adaptado en el medio natural".

 

Un encuentro que unirá naturaleza, montaña y diversidad funcional, tratando de dar a conocer las posibilidades de ocio y deporte en personas con algún tipo de discapacidad. Organizadas por la asociación de discapacitados físicos de Navarra Ibili y Nive, contarán con Charlas, aulas prácticas y salidas a la montaña. Información, www.nive.es o 660234703.

El PP de Vélez no descarta privatizar la ayuda a domicilio y la Ley de Dependencia

03.11.11 - 01:28 - A. PELÁEZ | VÉLEZ-MÁLAGA.

 

El concejal de Empleo y Empresas Municipales, Antonio Martín, reconoció ayer que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento veleño no descarta privatizar algunos de los servicios que actualmente tiene encomendados la sociedad municipal Emvipsa, dada la enorme deuda que arrastra.

Martín ha señalado, que aunque desde que llegara el PP al gobierno en el Consistorio la plantilla de Emvipsa ha sido reducida en 89 empleados, pasando de 432 en junio a los 343 actuales, es bastante probable que haya que adoptar nuevos recortes para tratar de salvar a la empresa, cuya deuda actual alcanza los 13,7 millones.

En este sentido, el edil señaló que si para evitar nuevos despidos es necesario privatizar servicios como la Ley de Dependencia y la ayuda a domicilio, que acaparan el 75% de la plantilla de Emvipsa con unos 250 trabajadores, «se hará, aunque antes debemos conocer los resultados de la auditoria económica, que estará concluida la próxima semana».

Según Martín, los problemas para afrontar el pago de las nóminas por parte de Emvipsa mes a mes son sobradamente conocidos por todos los partidos políticos. De hecho, el edil lamentó que al igual que ya sucediera con los salarios del pasado mes de septiembre tampoco los de octubre podrán ser abonados a los trabajadores antes del próximo día 20. La nómina de Emvipsa, después de los casi 90 trabajadores despedidos, alcanza los 400.000 euros mensuales sin contabilizar las cargas sociales, una cantidad que, según Martín, pesa como una gran losa sobre la empresa municipal.

La mayor parte de la deuda actual de Emvipsa corresponde a proveedores con 8.419.652 euros, seguida de la Seguridad Social, con 2.227.210; la Agencia Tributaria, con 2.103.167 y la deuda con el propio Ayuntamiento veleño, que se cifra en 964.543 euros.

Denuncia de IU

El anuncio de la posible privatización de los servicios de ayuda a domicilio y Ley de Dependencia confirma las denuncias públicas realizadas esta semana en este sentido por el portavoz de IU en la oposición, Salvador Marín.

El edil ha mantenido que detrás de todos los despidos realizados por el actual gobierno del PP en Emvipsa lo que hay es una «auténtica caza de brujas. Desde hace tiempo están llevando una campaña de desprestigio permanente contra la empresa municipal que tiene por objetivo justificar las políticas del PP y que lo que esconden es el intento de privatizar la ayuda a domicilio y la Ley de Dependencia. Después le seguirá el mantenimiento y limpieza de los colegios y edificios municipales», ha declarado Marín.

 

CARTA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

Plataforma Ley de Dependencia (LAPAD) en CLM

CARTA A COSPEDAL REUNION URGENTE.pdf
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Situación “desgarradora” en las Residencias de Mayores (Diario de CLM)

Por el impago del Gobierno de Cospedal

dclm.es - 31-10-2011

Varios alcaldes de la provincia de Ciudad Real recuerdan que esta situación de impago se da desde la llegada de Cospedal a la Junta de Comunidades, puesto que Barreda realizó siempre dos pagos anuales en el segundo y tercer trimestre

Si el Gobierno de Castilla-La Mancha no paga de manera urgente e inmediata el dinero que les debe, las residencias de mayores de Chillón, Puebla de Don Rodrigo y Torralba se verán abocadas al cierre y al consecuente despido de los residentes y de los trabajadores que prestan sus servicios.

Esta es la situación extrema e insostenible de tres ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, aunque hay otros muchos casos idénticos, que ante el impago prolongado del convenio por parte del Ejecutivo de Dolores de Cospedal, han lanzado un mensaje desesperado para exigir el pago inmediato de la deuda, puesto que de lo contrario se verán abocados a echar el cierre a las residencias de mayores con todas las consecuencias que ello supondría a nivel asistencial y laboral.

En el caso concreto de la residencia de mayores de Chillón, la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Anabel Gómez, ha explicado que el panorama es “desgarrador”, ya que no ha recibido ni un solo euro en todo el presente año. De hecho, recuerda que “a día de hoy Cospedal le debe un total de 395.000 euros al centro, con lo que demuestra que los ancianos de Chillón no le interesan, y que le importa más bien poco que en breves días muchos de ellos puedan ir a la calle”.

Y es que, tras agotar todas las posibilidades, y muy a su pesar, Gómez ha advertido que “son 35 ancianos y 19 trabajadores los que se van a ir a la calle si la señora De Cospedal no cumple con el pago del convenio del 2011”, una situación que nunca antes de había producido porque, tal y como ha puntualizado, “José María Barreda sí cumplía con su compromiso con los ancianos de Chillón y del resto de Castilla-La Mancha”, al recordar cómo el ex presidente de Castilla-La Mancha pagó en dos plazos el año 2010, concretamente en los meses de julio y octubre.

Por lo tanto, la responsable del Consistorio de Chillón ha señalado que “ante esta discriminación agónica de poco valen las excusas que nos dan, sabemos que antes se pagaba y ahora no se hace, que es lo que verdaderamente nos importa”.

Anabel Gómez ha concluido demandando una respuesta a De Cospedal para saber si “¿de verdad va a permitir dejar a su suerte a 35 ancianos, 33 de ellos incapacitados, personas que necesitan cuidados las 24 horas del día?”.

 

TORRALBA DE CALATRAVA

La alcaldesa de Torralba de Calatrava, Teresa González, describe una situación casi idéntica. Recuerda que si ya es grave y triste la situación por la que están pasando las corporaciones locales, con dificultades para hacer frente a las nóminas de los trabajadores, “pero hay casos como el de la residencia que son realmente dolorosos y sangrantes”, a la que ya se ha dejado de abonar los dos últimos meses por el impago del Gobierno de Castilla-La Mancha, punto en el que la primera edil torralbeña ha reconocido que Barreda hacía efectivos los pagos entre el segundo y el tercer trimestre de cada año.

Ante la gravedad de la situación, González ha realizado un ruego a Cospedal para que abone el dinero que por convenio le corresponde a una residencia que lleva 12 años en funcionamiento para prestar servicio a 55 personas mayores y empleo a 23 trabajadores.

Al igual que su compañera de Chillón, Teresa González ha lamentado que “de seguir así nos tendremos que ver abocados a cerrar una residencia con tanto arraigo y que está haciendo un servicio social tan importante en esta localidad”.

 

PUEBLA DE DON RODRIGO

Y poco más ha añadido el alcalde de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón, que se aleje de la desesperación que viven ante casos de máxima prioridad y sensibilidad social.

Rincón denuncia que lleva sin cobrar ni un euro en todo el año 2011, circunstancia que ha provocado que tenga que adelantar 18.000 euros para hacer frente al pago de los empleados de la residencia de mayores de la localidad, aunque ya no podrá repetir esta operación si el Gobierno de Cospedal no paga, a no ser que se acoja a una línea de créditos ICO.

Por último, el alcalde de Puebla de Don Rodrigo lamenta que tengan que ser los mayores de la residencia y sus empleados los que tengan que pagar el incumplimiento del convenio de Dolores de Cospedal con este servicio, a la vez que anuncia que la situación en el pueblo se ha agravado aún más con el servicio de ayuda a domicilio, de que tampoco ha recibido nada de dinero a dos meses escasos de finalizar el año.

 

PUBLICADO EN EL PERIODICO EL PAIS (01/11/2011)

LA LEY DE DEPENDENCIA ESTA PARALIZADA

 

La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo - Hay 305.000 personas en lista de espera

CARMEN MORÁN - Madrid - 01/11/2011

 

El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.

Desde junio, una vez actualizada la estadística, se han contabilizado 35.191 nuevos dependientes atendidos, pero solo cuatro comunidades sostienen esa cifra: suman el 75% de ese total. Son Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Madrid. ¿Madrid? Sí. Esta comunidad sigue a la cola en la relación de beneficiarios por población, pero ha dado un estirón incorporando a nuevos usuarios.

Y otras cuatro comunidades presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían en junio: Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. El batacazo de Aragón es notable, con casi 1.000 beneficiarios menos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los dependientes son ancianos de avanzada edad y, por tanto, un colectivo de alta mortalidad, cabría afirmar que Aragón ha cerrado el grifo de las ayudas. Y encima ha engordado su lista de espera 1.637 personas. Las cuatro autonomías mencionadas han agrandado su lista de espera en los últimos meses.

Hace un año, las cosas eran distintas. En el mismo periodo de 2010, de junio a octubre, se registraron en el sistema 48.212 personas atendidas. Pues bien, el recuento interanual indica ese mencionado retroceso en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema en 13 comunidades. En algunos casos el descenso es notable, como en Cataluña, que incorporó a más de 9.000 personas atendidas en esos cinco meses de 2010 y solo a 2.662 en el mismo periodo este año. Murcia ha bajado 1.720 personas, Extremadura 1.789 y Castilla-La Mancha 1.423, por poner algunos ejemplos. Galicia es de las pocas que ha hecho el viaje al contrario: partía de números rojos en 2010 y ha registrado 3.577 beneficiarios en los últimos cinco meses. Sin embargo, en general, el desarrollo es mortecino.

La lista de espera está lejos de adelgazar: hay 305.674 personas con derecho a una ayuda que aún no la reciben. Por tanto, no parece lógico el ritmo que sigue la incorporación de beneficiarios. En Madrid, por ejemplo, la lista de espera ha aumentado en los últimos cinco meses en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024. "Puede afirmarse que solo cuatro comunidades están tirando del carro y que en algunas, donde las cosas iban razonablemente bien, los cambios de Gobierno no han beneficiado en nada a la ley, como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Desde la asociación insisten en que esta ley, "en lugar de dejarla morir, hay que reflotarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado". Y ofrecen algunos datos: "Si los familiares que cuidan a ancianos en casa tuvieran algunas horas de ayuda a domicilio, además de mejorar la atención al dependiente y asegurarse de que el cuidador no está menoscabando su propia salud, se podrían crear más de 10.000 empleos, con un incremento del 7% de los costes del sistema", señala Ramírez. De las 740.000 personas que reciben ayudas de dependencia, 420.000 perciben una prestación económica para cuidar al dependiente en casa. "Por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio (en residencias, centros de día) se generarían no menos de 30.000 empleos directos", explican. La asociación considera que hay que cambiar los criterios de financiación para que las comunidades reciban más dinero por aquellos dependientes que ingresen en geriátricos. "A las comunidades les sale más cara una plaza de residencia que conceder una paga para cuidar del anciano en casa; sin embargo, reciben el mismo dinero en un caso y otro. Eso hay que modificarlo, pero no hace falta cambiar la ley para ello", insiste.

La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, no descarta "reajustes en la ley", pero el Gobierno opina que "sigue siendo necesaria y que no se puede frenar". "Hay que seguir desarrollándola, creemos en su sostenibilidad. Esta ley genera unos retornos económicos muy importantes. Es, por tanto, un elemento de crecimiento y frenarla sería paralizar la actividad productiva en un sector que está creciendo y que debe seguir haciéndolo", afirma Martínez. "El modelo es viable, hay que ver los instrumentos que garanticen no solo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales. Hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho", añade.

La crisis que atraviesa España es complicada para acelerar el desarrollo de la ley, pero la secretaria de Política Social cree también que "falta voluntad política", y acusa a las comunidades del PP, "porque los datos son claros".

Ramírez también cree que falta voluntad política. "El caso más claro siempre ha sido Madrid, cuyas estadísticas han estado muy por debajo de la media nacional. Recientemente han hecho un esfuerzo por incorporar gente al sistema. Si siguieran subiendo a este ritmo, aún tardarían más de un año en alcanzar la media estatal".

Impagos y otras amenazas

El sistema de dependencia siempre ha estado lastrado por demoras, en la evaluación de los dependientes y en la concesión de las ayudas, pero el impago de las prestaciones económicas durante varios meses que venían percibiendo los beneficiarios en Castilla-La Mancha desató la furia de los afectados este verano.

A fecha de hoy aún les adeudan septiembre. En esta comunidad y en Valencia han estado acumulando hasta dos meses de impagos. Y en Aragón, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ya ha amenazado con no pagar hasta 2012 a los dependientes reconocidos en julio. Cuando se está percibiendo una prestación económica, dejar de hacerlo puede suponer un gran ahogo económico para muchas familias. Algunos usuarios en las comunidades mencionadas han tenido dificultades para pagar a quien les ayuda a manejarse en casa o abonar la cuota del centro de día o de la residencia en la que viven. Como siempre, en España se busca el apoyo de la familia, que, en tiempos de crisis, tampoco está muy boyante.

"Conviene advertir que para las personas en situación de dependencia, un retraso en la percepción de las ayudas como el que anuncia Aragón o el que se viene produciendo en comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia, puede ser irreparable, dada la avanzada edad de los usuarios del sistema o sus condiciones de salud", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Ramírez lamenta que un derecho subjetivo como el que otorga esta ley se "salte a la torera, como si lo que atañe a los derechos sociales tuviera menor rango que otros derechos, como la escolarización o la sanidad". "¿Qué habría ocurrido si Castilla-La Mancha hubiera decidido de un día para otro dejar de pagar las pensiones? Pues esto es lo mismo".

Desde la comunidad aludida se acusó al Gobierno de no transferir el dinero para los dependientes. "Es cierto que el Gobierno siempre paga con retraso, pero eso les pasa a todas las comunidades y en todas las áreas, no solo en dependencia. Y eso, en todo caso, ha ocurrido siempre, no solo ahora, y otras comunidades, también algunas del PP, no han dejado por ello de atender a sus dependientes", zanja Ramírez.

 

¡¡¡COLABORA Y PARTICIPA EN ESTA INICIATIVA. SÉ SOLIDARIO Y ENVÍA LA CARTA DE APOYO AL CAI DE COCEMFE DE PETRER (ALICANTE). ES MUY IMPORTANTE!!!

En reunión mantenida el 27 de octubre con CONCEMFE en el CAI de Petrer, Javier Segura nos presentó a miembros de las Plataformas la situación de este Centro solicitándonos que apoyemos la petición de su pronta apertura.

Por ello os enviamos la carta dirigida al President de la Generalitat para que incorporando vuestros datos personales la dirigiais a la Generalitat Valenciana.

Se puede enviar por correo electrónico, por Fax o por carta certificada con acuse de recibo.

Contamos con vuestra colaboración, ya que es un centro que va a atender a personas en situación de dependencia.

 

CARTA AL PRESIDENTE VALENCIANO.pdf
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